“Con este proyecto lo que se busca es mejorar la accesibilidad de las personas con capacidades diferentes al transporte público, terrestres y marítimo. Básicamente hemos incorporado que el certificado que emita la autoridad de aplicación va a durar tanto tiempo como dure el certificado de discapacidad que tienen”, explicó Zingoni. Por otro lado señaló que “la otra cuestión muy importante es que las empresas van a estar obligadas a brindar este derecho a las personas con discapacidad en todos los servicios que brinde la empresa”. El proyecto original es de la diputada Verónica Couly, y el senador José Zingoni le introdujo modificaciones en el artículo 2, por lo tanto la iniciativa vuelve a la cámara de origen para su sanción.