Intelectuales, artistas y periodistas le dicen “NO al apagón cultural” y convocaron a movilizarse el 24M

A 50 años del Golpe Cívico Militar de 1976, más de mil trabajadores de la cultura, intelectuales, artistas y periodistas suscribieron una solicitada para rechazar lo que definen como un “apagón cultural”, a raíz de las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional. En el texto impulsado por la ministra de Cultura bonaerense, Florencia Saintout, los y las firmantes también llamaron a movilizarse este 24 de marzo “para que el Nunca Más sea definitivo”.

Entres quienes adhirieron al documento se encuentran Estela Barnes de Carlotto, Taty Almeida, el Indio Solari, Teresa Parodi, Adolfo Pérez Esquivel, León Gieco, Víctor Heredia, Marilina Ross, Baltasar Garzón, Cecilia Roth, Rita Cortese, Juan Minujín, Liliana Herrero, Pablo Echarri, Dolores Fonzi, Lito Vitale, Adriana Varela, Diego Capussotto y Gabriela Cabezón Cámara.

También sumaron su apoyo Benjamin Rojas, Florencia de la V, Claudia Piñeyro, Raúl Zaffaroni, Pablo Díaz, Dolores Reyes, Alejandra Kamiya, Guillermo Martínez, Marina Bellati, Gloria Carrá, Pedro Saborido, Gerardo Romano, Ana María Picchio, Maitena, Luciano Cáceres, Albertina Carri, Cristina Banegas, Jean Pierre Noher, Selva Almada, Virginia Innocenti, Benjamin Avila, Emilia Mazer, Valentina Bassi, Jorge Suárez, entre otros y otras.

Además, fue firmado por rectores y rectoras, funcionarios, decanos, decanas, y docentes de universidades públicas nacionales.

Según el documento, la última dictadura genocida tenía como intención “dar marcha atrás el reloj de la historia: modificar de raíz la realidad de una sociedad altamente movilizada por los derechos colectivos, sociales y laborales, con una industrialización floreciente y una vida cultural excepcional”.

En ese sentido, se advierte que “la otra dimensión del horror perpetrado fue la política cultural” con “cientos de miles de libros quemados y prohibidos, facultades cerradas, películas y obras de teatro canceladas, actores y actrices perseguidos, exiliados o desaparecidos, teatros clausurados e incendiados”.

“Entre los años 2003 y 2015 la política de derechos humanos promovida por el gobierno nacional permitió profundizar en la búsqueda de verdad y memoria y, particularmente, acelerar las causas judiciales que involucraban a los represores, muchos de los cuales habían logrado evadir a la justicia durante años”, continúa el documento.

Con respecto a la actualidad, la solicitada señala: “Hoy nos encontramos con un gobierno nacional cuyo modelo económico, social y político parece calcado de aquellos años feroces. Incluso relativiza y hasta reivindica los crímenes de la dictadura”.

Por último, se completa: “Una agenda que promueve la apertura económica indiscriminada, el ajuste permanente sobre el  presupuesto estatal -salvo para el pago de deuda externa-, el alineamiento con las políticas neocoloniales, y el desmantelamiento de la legislación laboral. La represión  permanente de toda protesta social -con especial énfasis en la violencia contra jubilados- es una marca de estos tiempos. La demonización de los dirigentes de la oposición, articulados con el aparato mediático y judicial es el nuevo método para anular los liderazgos populares. Por eso proscriben y encarcelan a Cristina Fernández de Kirchner”