Por Juan Manuel Rico Zini – Senador provincial PRO
La decisión de restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias bonaerenses es una medida necesaria. Las distracciones permanentes, las dificultades de concentración y los problemas de convivencia que genera el uso inadecuado de pantallas afectan las condiciones de aprendizaje y representan una preocupación creciente para docentes y familias.
Por eso desde el bloque del PRO acompañamos en el Senado provincial el proyecto que regula su utilización durante las actividades escolares, permitiéndola cuando exista una finalidad pedagógica y la correspondiente autorización docente.
No es una decisión aislada. Según la UNESCO 114 sistemas educativos, que representan el 58% de los países del mundo, ya establecieron prohibiciones nacionales al uso de celulares en las escuelas. La tecnología debe contribuir a la educación, no convertirse en un obstáculo para enseñar y aprender. Pero este avance también pone de manifiesto una flagrante contradicción que la Provincia de Buenos Aires no puede seguir eludiendo, pues si el Estado bonaerense demuestra tener la capacidad logística y regulatoria para ordenar la convivencia digital en las aulas ¿Cómo se explica la falta de firmeza para controlar las fronteras tecnológicas intramuros, donde los dispositivos móviles son sistemáticamente utilizados como herramientas de trabajo delictivo?
Si somos capaces de establecer límites al uso de celulares en las escuelas para evitar distracciones ¿Por qué seguimos sin adoptar medidas igualmente firmes en las cárceles, donde esos dispositivos suelen utilizarse para cometer delitos?
Durante la pandemia, la Justicia bonaerense autorizó excepcionalmente el uso de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios para garantizar la comunicación de los internos con sus familiares. Aquella decisión respondía a una emergencia sanitaria concreta. Sin embargo, a seis años de esa excepcionalidad, la Provincia sigue sin resolver adecuadamente el control de las comunicaciones dentro de sus cárceles. Y las consecuencias son dramáticas. Las estafas virtuales, las amenazas y las extorsiones coordinadas desde los pabellones han dejado de ser incidentes aislados para convertirse en un problema crítico de seguridad pública que golpea a los ciudadanos más indefensos.
Por poner solo un ejemplo, en septiembre, investigaciones vinculadas a la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Junín volvieron a ponerlo en evidencia, con el secuestro de teléfonos presuntamente utilizados para cometer delitos.
Desde el bloque de Senadores del PRO impulsamos un proyecto de ley, presentado por Pablo Petrecca junto con Alex Campbell y quien suscribe, para crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada en las cárceles bonaerenses.
La iniciativa propone reemplazar los celulares particulares por un sistema institucional que permita comunicaciones con contactos registrados y verificados, sin acceso irrestricto a internet ni a redes sociales.
No pretendemos incomunicar a las personas privadas de su libertad ni desconocer sus derechos. Pretendemos algo elemental: que puedan comunicarse con sus familiares y abogados, pero que las cárceles no se conviertan en lugares desde los cuales seguir delinquiendo.
La preocupación, además, trasciende las diferencias partidarias. Legisladores del PRO, La Libertad Avanza y el Frente Renovador han impulsado iniciativas para restringir el uso de celulares en establecimientos penitenciarios. Sin embargo, los proyectos siguen sin traducirse en una solución efectiva.
Mientras tanto, el Estado nacional ya implementó mecanismos de detección y bloqueo de dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios federales y habilitó un programa al que pueden adherir las provincias.
¿Qué está esperando el gobernador Axel Kicillof para impulsar una solución concreta
¿Cuántas estafas y extorsiones más deben investigarse para que este problema se convierta en una prioridad?
El Poder Ejecutivo debe explicar qué controles se aplican actualmente, avanzar en los mecanismos tecnológicos disponibles y promover una regulación que impida utilizar celulares particulares para cometer delitos desde las cárceles. Y la Legislatura debe asumir su responsabilidad y dar tratamiento a los proyectos presentados.
También sigue pendiente la reglamentación de la Ley 15.534, sancionada en 2025 para regular el uso de pantallas en las escuelas primarias, pese a que el plazo legal de 180 días ya venció. Esta mora administrativa denota una alarmante falta de prioridad en esta materia por parte del Ejecutivo provincial.
Es positivo que avancemos en establecer reglas para el uso de celulares en las escuelas. Esa decisión merece nuestro respaldo; pero no podemos ser exigentes con los alumnos y seguir postergando decisiones para impedir que desde las cárceles se utilicen teléfonos para amenazar, estafar o extorsionar a los bonaerenses.
La educación necesita reglas claras. La seguridad también. Y en ambos casos el Estado tiene la obligación de hacerlas cumplir.
