El diputado provincial de CC-ARI, Oscar Negrelli, manifestó su preocupación por los paros de los empleados judiciales que paralizan cada vez con mayor frecuencia la actividad de la Justicia bonaerense. “Por un lado, el gobierno nacional decreta una abundante cantidad de feriados. Simultáneamente, el gobierno provincial es absolutamente incompetente al momento de realizar las gestiones necesarias para llegar a un acuerdo con los trabajadores judiciales y así evitar la retención de tareas por parte de éstos”, indicó. “En consecuencia, es de suma gravedad que los Tribunales queden fuera de servicio tan a menudo, porque la conocida congestión de expedientes que existe en estos organismos se agrava aún más con la interrupción de actividades en el marco de paros recurrentes. Las oficinas de notificaciones no regularizan su funcionamiento y los juzgados no trabajan horas extra para normalizar el calendario de audiencias", sentenció. En el transcurso del corriente año, acaecieron numerosas jornadas de cese de actividad. En algunas, también hubo movilizaciones organizadas por la Asociación Judicial Bonaerense. Si bien en tales ocasiones suelen mantenerse las guardias mínimas, los juicios de millones de bonaerenses se atrasan varios días. “Los empleados judiciales están reclamando por la ley de porcentualidad salarial, modificación legal que ellos entienden necesaria para que se cumplan sus derechos. Sin embargo, más allá de la cuestión de fondo y de la posibilidad de que ésta se sancione, el cese de actividades frecuente es la resultante de la total ineptitud del gobernador Scioli para destrabar la negociación”, explicó Negrelli. “Si tan sólo el Gobernador o su vice se hubiesen reunido con los representantes de los judiciales para escucharlos, los últimos ceses de actividades se hubiesen evitado”, agregó. Por último, concluyó: “Los principales perjudicados son los millones de ciudadanos bonaerenses que se encuentran imposibilitados de acceder a la Justicia. Personas de carne y hueso que no pueden cobrar lo que se les debe, que no pueden solucionar sus conflictos familiares ni resolver las cuestiones administrativas que los han llevado a juicio, entre tantos otros perjuicios generados. Desde el año pasado, la Suprema Corte advirtió que necesitaba urgente presupuesto para poder comprar insumos mínimos necesarios como el papel y la actitud del gobierno bonaerense se mantuvo, hasta el momento, absolutamente pasiva ”.
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