Luego de cuatro pedidos a través de la justicia para que el organismo confiriera todo lo grabado por las cámaras del Monitoreo Público, el material suministrado era muy escaso y los registros faltantes pertenecían a las horas más críticas de la inundación. En esa ocasión, tanto el Municipio como los empleados y responsable del centro de vigilancia adujeron a esto el corte del suministro eléctrico y posterior inundación del edificio (aunque ninguna de las partes implicadas pudo probar que haya existido tal corte de luz) y explicaron que cada 30 días los discos de almacenamiento se sobrescriben, por lo que la información se había perdido. En su declaración, Rivademar indicó que, a pesar de los cortes de energía eléctrica, se grabaron muchas más horas de sucesos durante la inundación que los que actualmente se tienen pero que luego se borraron por la mera omisión de no haber decidido guardarlos: "Guardamos lo que creímos que había que guardar". Oscar Negrelli, diputado provincial y parte demandante en la causa que lleva el Juez Arias, no se sorprendió ante la declaración del Director del centro: “Lamentablemente ya estamos acostumbrados a la corrupción por parte de esta gestión municipal. Desde el primer momento el intendente hizo todo para lavarse de culpas y deslindar responsabilidades. Por supuesto que lo creemos capaz de borrar las grabaciones y de mucho más. Él es el último interesado en que se conozca la verdad porque eso traería a la luz su negligencia y total desidia; sin incluir que el costo político que tendría es justamente lo que no está dispuesto a pagar”. Lograr que el Director de Coordinación de Seguridad del MOPU se presente en la investigación no fue nada fácil ya que tuvo que ser llevado a declarar con el auxilio de la Fuerza Pública tras haberse negado a colaborar en la primera citación. En esa oportunidad, en lugar de presentarse a declarar de acuerdo a lo establecido por la ley, el Director estuvo ausente pero firmó un escrito asesorado por el abogado provisto por la Municipalidad en el que criticó el proceso judicial. “Los intentos de ocultar información son más que evidentes. Desde la reticencia del director del MOPU a declarar hasta las excusas irracionales de sus empleados para justificar que no haya grabaciones nos da la pauta de que no estamos equivocados. Si no tienen nada que ocultar, si se hizo todo lo posible, si realmente el Municipio no tuvo mayores responsabilidades de las adjudicadas hasta el momento, ¿por qué intentar obstruir la investigación?” se pregunta Negrelli y agregó indignado: “no hay motivo que justifique que no haya material registrado. El costo de almacenamiento es irrisorio. Y una gestión que se pasa gastando fortunas en publicidades en medios nacionales y en partidos de fútbol puede, sin ningún problema, costear los gastos de un par de discos duros y un grupo electrógeno para el centro de monitoreo del cual tanto se jacta en sus revistitas publicitarias”. La investigación de las muertes durante la inundación continúa ahora con la designación de nuevas audiencias donde prestarán declaración 76 nuevos testigos y de oficios informativos para recabar pruebas, a pedido de la parte demandante.
