La ley sancionada, que según el oficialismo, busca agilizar y transparentar los procesos de licitación en la provisión de bienes y servicios; dinamizando los procesos burocráticos, ya que el trámite de las contrataciones se demora entre 9 y 11 meses para obras públicas, y 6 meses, en el caso de bienes. Además, se establece que el paso de los expedientes por la Fiscalía de Estado se acorta a 72 horas si el monto no supera lo que determine la reglamentación; en caso contrario, se estira a cinco días hábiles para ese organismo, la Asesoría General de Gobierno y Contaduría General. La norma consagrada determina, asimismo, que el ente contratante debe pedir al menos tres ofertas o cotizaciones; además, crea una Comisión Bicameral de carácter consultivo, de seguimiento y control de la ley, integrada por tres senadores y otros tantos diputados, la que intervendrá si se busca prorrogar la emergencia por un año más. Desde los tres bloques del FPV afirmaron, a través de un comunicado, "el proyecto de Emergencia Administrativa, que desde el oficialismo, con complicidades de bloques que se definen opositores pero en la práctica sistemáticamente convalidan cada uno de sus atropellos, resultó en su tratamiento en la Cámara de Diputados un retroceso en la calidad institucional de nuestra provincia". Como secuela de incidentes generalizados en las inmediaciones, grupos de manifestantes provocaron la destrucción de las rejas, vidrios, mampostería, del sector que da a la calle 7 entre 51 y 53. Otros que participaron de la movilización sindical hasta intentaron prenderle fuego a la puerta principal que se emplaza en esa zona, abortado por la intervención de personal de seguridad y de bomberos de Diputados.
