Con dos votos favorables de los jueces Álvarez y Schriffrin, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata dio lugar a la cautelar solicitada en un recurso de amparo impulsado por el bloque de diputados provinciales del FPV-PJ en febrero del corriente año. De este modo, se resolvió: “Por el término de 3 (tres) meses la suspensión de las Resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación 6/2016 y 7/2016 y la Resolución del ENRE 1/2016 para el ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires”. “En relación al alcance espacial de los efectos que corresponde otorgarle a la presente medida cautelar, considero que alcanza a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del territorio de la Provincia de Buenos Aires, en tanto surge de la legitimación procesal de Enrique Marcelo Honores, Secretario General, a cargo interinamente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, quien en principio resulta –en el caso de autos legitimado a promover diversos tipos de acciones en los cuales se encuentren afectados los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires (conforme el art. 55 de la Constitución y Ley 13834, ambas de la Provincia de Buenos Aires)”, agregó el dictamen judicial. Cabe precisar que la acción preventiva fue requerida por los diputados: Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez, Ricardo Moccero y Rodolfo Iriart. Los legisladores resaltaron la intensa campaña territorial y barrial, que tuvo lugar en diversos distritos bonaerenses y en la que se recolectó alrededor de un millón de firmas para exigir que se cumpla con el derecho constitucional de convocar a audiencia pública antes de efectuar aumentos en el servicio de energía eléctrica.
