La Defensoría del Pueblo de la Provincia resolvió pedir la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual el gobierno nacional ha modificado la Ley de Migraciones, al entender que no se respetaron los procedimientos constitucionales. La medida del ente presidido por Guido Lorenzino, tiene por fin acompañar el amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para revertir esta medida.
La intervención de la Defensoría Bonaerense se vincula directamente con que la decisión oficial atenta contra las garantías y los derechos de las personas de otros países que habitan en la Argentina, siendo que además su presentación no cumplió con los trámites parlamentarios, tal como lo establece la Constitución Nacional, en su artículo N° 99.
Sobre esta cuestión, Lorenzino sostuvo que, “el decreto le da la espalda a los avances en materia migratoria que se alcanzaron en el país y la resiente ley votada por las mayorías”. Además, sostuvo que, “nuestra tarea es fortalecer los derechos de todos quienes habitan el territorio bonaerense y, ante esa premisa fundamental, es que acompañamos esta iniciativa”.
Las voces en contra del DNU se hicieron sentir en numerosos organismos de derechos humanos, preocupados por una medida que posibilita la expulsión de extranjeros y la reducción del tiempo que tiene para defenderse en caso de que se les presente esta situación, un escenario que, coincidieron, va en detrimento con las reglas básicas de la igual protección ante la ley.
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