La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de Ley impulsado por el Frente Renovador, que limita la aplicación del 2x1 luego del fallo sancionado por la Corte Suprema General de Justicia de la Nación, que redujo la pena de un condenado por delito de lesa humanidad.
La Cámara de diputados le dijo “sí” al proyecto de ley impulsado por el Frente Renovador para limitar la aplicación del polémico fallo sobre el 2x1 sancionado la Corte Suprema de Justicia de La Nación, hace unas semanas. La iniciativa se contempla con la creación de una Comisión Bicameral para monitorear a los genocidas presos en cárceles bonaerenses.
Al respecto de la aprobación de este proyecto, Ramiro Gutiérrez, Diputado, Vicepresidente de la Cámara e impulsor de la iniciativa en el recinto de Diputados, expresó que, “no queremos ficciones, si una persona estuvo presa un día, el Poder Judicial no le puede computar dos días, porque eso es una mentira”, aseguró el hombre por el FR.
Por su parte, expresó también que, “era necesario dar un mensaje fuerte que pusiese punto final a la aplicación de la ley de 2x1, que garantizase la defensa de la sociedad, de las víctimas de todos aquellos que tienen un proceso que habían llegado a consolidar una sentencia y que, de la noche a la mañana, se vieron con una reducción y, en este caso, en una sentencia de lesa humanidad”, enfatizó Gutiérrez.
El Diputado expresó además, en referencia al avance de esta iniciativa, que, “ha sido un día trascendente, hemos limitado estas interpretaciones que sueltan a la gente, usan reducciones de penas y generan puertas giratorias”. Gutiérrez afirmó también que, “no solo lo hemos hecho para los delitos de lesa humanidad, sino para crímenes comunes, donde una persona que cometió un delito no puede ser beneficiada por una ficción, ya que poco favor le haríamos a la Justicia, si permitiéramos que un día de encarcelamiento se compute como si fueran dos”.
Cabe destacar que, el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y girado al Senado provincial para su sanción final, modifica el artículo N° 4 de la Ley 11.922, donde la misma establece que “la aplicación retroactiva conforme al principio de la ley más benigna se encuentra vedado”. También, es importante aclarar que lo central de esta iniciativa se relaciona con la posibilidad de que sea replicada y tomada en cada provincia del País, con lo cual, una eventual sangría judicial por aplicación tardía del 2x1 quedaría vedada en la Argentina por decisión individual de cada provincia, al modificar sus leyes procesales.
En sintonía con el proyecto de ley, se aprobó también la creación de una Comisión Bicameral para monitorear a todos los genocidas presos en cárceles bonaerenses hasta que se agote el último de los procesos. Sobre esto, el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, precisó que “con esta comisión el Poder Legislativo bonaerense, toma la directriz de intervenir en el contralor del cumplimiento y monitoreo de los Derechos Humanos en el territorio más importante de la República, donde hay todavía detenidos por delitos de lesa humanidad”.
También, expresó que, “por decisión de todos los bloques de Diputados, hasta el último delincuente por delitos de lesa humanidad que esté alojado en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, será monitoreado por la Comisión Bicameral desde donde vamos a ejercer un control directo para que nos informen, en tiempo real, que modificaciones hay, los movimientos de un penal a otro, si hay excarcelaciones, tenemos que estar constantemente informados, si nos enteramos 20 días después, no hay ninguna posibilidad de reclamo”, destacó el Diputado, sosteniendo también que, “es una decisión que nuestro país tomó al firmar convenciones internacionales y la provincia ha asumido hoy una gran obligación de control”.
De esta manera y sin perjuicio de la facultad de la Comisión de requerir informes al Poder Judicial, respecto del estado procesal de las causas seguidas por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, el proyecto establece la obligación en cabeza del Servicio Penitenciario de informar el estado, así como cualquier modificación o vía incidental que pudiera alterar la situación de las personas sujetas a procesos por los delitos referenciados.
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