El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, adhirió al reclamo para que se fije de forma urgente el monto del salario mínimo, vital y móvil en 14.600 pesos, con el fin de que garantice el acceso a los bienes y servicios indispensables para una vida digna de los trabajadores y sus familias.
Guido Lorenzino titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, adhirió al reclamo que peticiona, de forma urgente, el monto del salario mínimo, vital y móvil en 14.600 pesos. Dicha medida, de aplicarse, garantizaría el acceso a los bienes y servicios indispensables para una vida digna de los trabajadores y sus familias.
La postura de la Defensoría va en línea con el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) para que se incremente la suma definida en el último Concejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Al respecto de esto mencionado, Lorenzino sostuvo que, “en esta reunión se fijó un salario de 10.000 pesos, lo que no contempla de forma adecuada los datos del Indec respecto al costo de la canasta básica de alimentos, ni los indicadores sobre la línea de la pobreza, ni la inflación”.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo precisó que en el encuentro, que reúne a la Nación, las provincias, los sindicatos y el sector empresario, el gobierno “hizo poco para que se llegue a una cifra como la que reclamamos”, y exigió que la administración nacional “garantice condiciones de existencia digna a todos los trabajadores y sus familias para que puedan desarrollar de manera adecuada sus proyectos de vida”.
Por su parte, durante el Concejo, la negociación apuntó a la mejora de los 8.860 pesos en que se encontraba el salario mínimo, vital y móvil. Mientras que los gremios pidieron elevar la cifra a 14.600 pesos, la negativa de los empresarios a este aumento y la intervención del Gobierno nacional, hizo que sólo aumente un 24% lo que lo llevará a 10.000 pesos para Junio de 2018.
Frente a este escenario, Lorenzino consideró que, “el Estado debe intensificar los esfuerzos para que sus políticas sociales tengan una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de que así se pueda lograr, por lo menos, los niveles básicos de los derechos sociales”.
Finalmente, el Titular de la Defensoría exigió también que se garantice la revisión periódica del monto del salario mínimo, vital y móvil, ya que de lo contrario “estamos ante la generación de falta de acceso a bienes y servicios indispensables para el desarrollo de sus vidas”.
