En un fallo dictado el pasado jueves 30 de abril por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, los jueces Elio Horacio Riccitelli, Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín, por unanimidad resolvieron rechazar la apelación planteada por la Apoderada de la Municipalidad de Dolores, Mariana Etchevarren, contra la resolución del Juzgado Contencioso de Dolores que había rechazado levantar la medida cautelar que obligaba al intendente Camilo Etchevarren mostrar la totalidad de los Decretos por él firmados durante el año 2017.
La demanda había sido presentada por los concejales de la oposición en momentos en que el Consejo analizaba la rendición de cuentas de ese año 2017, ante la negativa del Jefe Comunal de poner a disposición de los mismos la totalidad de los Decretos que había firmado ese año y que debían avalar las decisiones administrativo-contables que hubiera adoptado.
Las sospechas de los ediles se basan en gastos suntuosos que habría realizado el intendente local, “salteando” el deliberativo, lo cual generó la solicitud primero a través del concejo deliberante. Entre otras dudas, se apuntó a gastos por 141 millones de pesos del año 2017 que no se conoce su destino. No obstante, tampoco se sabe en qué se invirtieron los 254 millones de pesos faltantes del 2018.
En su momento, el juez Antonio Escobar receptó la demanda y dictó una medida cautelar, ordenó al intendente Etchevarren que pusiera a disposición de los concejales la totalidad de esos Decretos, lo cual el jefe comunal desoyó en primer término y luego cumplió parcialmente.
Posteriormente, el municipio solicitó el levantamiento de esa medida cautelar, argumentando que el proceso resultaba abstracto al haber vencido el plazo de análisis de las cuentas de la rendición 2017, produciéndose en consecuencia una serie de planteos procesales entre las partes litigantes, hasta que al no lograr su objetivo el Municipio apeló ante la Cámara de Mar del Plata el decisorio que lo obligaba poner a disposición de los Concejales de la oposición una importante cantidad de Decretos faltantes de exhibir.
Pero ahora, el intendente recibió un nuevo revés judicial, y ahora queda en manos del fiscal de Bahía Blanca la posibilidad de darle curso a la demanda judicial de los ediles.
“El fallo señala que la Municipalidad ha incumplido en reiteradas oportunidades con la manda judicial de Escobar, que obligaba a la entrega de la totalidad de los decretos de ese período, cercenando nuestros derechos de acceso a la información pública. Por lo tanto, la causa debía continuar su trámite hasta su sentencia definitiva”, señalaron los demandantes Ricardo Ghiglione, Susana Cánepa, Gonzalo Tavela, Berenice Giménez, Verónica Celasco y Facundo Celasco.
“Este tipo de irregularidades de la gestión municipal se vienen observando desde hace años, el Ejecutivo oculta gastos millonarios y cuando se le pide que rinda cuentas se niega. Con esa actitud no podemos menos que sospechar del destino de ese dinero que sale de las arcas del Estado”, concluyeron.
