Laboratorio VacSal. Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM). Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata – CONICET
Del 25 de abril al 2 de mayo de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebra la 24ª Semana de Vacunación en las Américas y la 15ª Semana Mundial de la Inmunización bajo el lema: “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos”.
La campaña recuerda que vacunarse es un derecho y un deber, porque la decisión individual no impacta sólo en la salud individual, sino en la de toda la comunidad. Esta campaña busca cerrar brechas de inmunidad, prevenir brotes y evitar retrocesos críticos que ya están produciendo muertes evitables en varios países de la región.
Está claro, no alcanza con una semana. Trabajemos toda la semana de vacunación y también todo el año, porque sostener los logros sanitarios requiere continuidad, recursos y voluntad política. No se trata de un evento puntual, sino de una política de Estado que debe mantenerse más allá de los gobiernos de turno. Vacunarse es un derecho, pero también es una obligación que tenemos con nosotros mismos y con los demás.
En Argentina, las coberturas de vacunación vienen descendiendo desde hace años. Una nueva alerta volvió a poner en evidencia la magnitud del problema: caídas sostenidas que afectan a todas las vacunas del calendario nacional, pero especialmente a la vacuna triple viral (sarampión, rubéola, paperas) y a la triple bacteriana (difteria, tétanos, tos convulsa o coqueluche). El resurgimiento del coqueluche en 2025-2026 con brotes y muertes de lactantes, es la consecuencia más directa y trágica de ese descenso. No es una casualidad ni un castigo de la naturaleza: las enfermedades regresan cuando las coberturas bajan.
El sarampión, es un ejemplo paradigmático de lo frágiles que son los logros sanitarios cuando no se los sostiene. Las Américas fueron la primera región del mundo en eliminar el sarampión endémico en 2016. Ese logro, fue posible gracias al trabajo incansable de los efectores de salud de primera línea en un contexto de estados presentes: vacunadores, agentes sanitarios, enfermeros y médicos que llegaron a cada rincón para vacunar, informar, buscar a los faltantes y sostener la vigilancia epidemiológica. Sin ellos, nada de esto habría sido posible. Pero ese estatus se perdió en 2018, se recuperó en 2024 y se volvió a perder en 2025. Brasil, con políticas coordinadas desde la autoridad central y una fuerte movilización de sus equipos de salud, logró contener los casos importados y mantener su estatus individual de país libre de sarampión. Argentina, por su parte, pudo controlar los brotes y sostener el logro de la eliminación del sarampión endémico. Pero sin recursos asignados en forma oportuna, la situación se complica porque los patógenos no respetan fronteras y la región sigue en riesgo.
En 2025, se notificaron casi 15.000 casos confirmados en 13 países de las Américas, y en lo que va de 2026 ya se superaron los 15.300 casos, con 43 muertes entre 2025 y el primer trimestre de 2026. El 93% de los afectados no estaban vacunados. El virus del sarampión no pide permiso para cruzar una frontera; entra con un viajero, se aloja en una comunidad con baja cobertura y se propaga.
Las vacunas que empleamos son seguras y constituyen una de las herramientas más eficaces y equitativas desarrolladas por la humanidad. Los datos son contundentes: entre 1974 y 2024, se evitaron más de 154 millones de muertes por 14 patógenos en los 194 Estados miembros de la OMS, y más de 700 millones de casos de enfermedades. Esto equivale a seis vidas salvadas por minuto durante cinco décadas. El 95% de esas muertes ocurrieron en niños menores de cinco años.
Por cada dólar invertido en vacunación, se ahorran entre 16 y 44 dólares en gastos médicos evitados, discapacidad y pérdida de productividad. Las vacunas no solo previenen muertes: prolongan la esperanza de vida, reducen secuelas discapacitantes, disminuyen la pobreza sanitaria y son, en muchas regiones, la primera intervención de salud pública en poblaciones vulnerables.
Argentina cuenta con un marco legal sólido: la Ley Nacional de Vacunación N° 27.491 establece que las vacunas son gratuitas, obligatorias y un bien social, crea el Registro Nominalizado de Vacunación Digital (NOMIVAC) para monitorear coberturas, y dispone que los gastos en vacunas y vacunación deben estar garantizados dentro del presupuesto nacional y provincial.
La ley no se cumple sola. Necesita recursos oportunos, logística eficiente, distribución sin demoras y campañas de comunicación sostenidas en el tiempo. Los atrasos en la llegada de vacunas al país y las demoras en su distribución representan oportunidades perdidas para proteger a la población. Por eso es fundamental sostener políticas públicas de vacunación más allá de los cambios de gobierno, garantizar los recursos humanos y financieros, y desarrollar campañas continuas, diversas y adaptadas a cada sector social, con mensajes claros en distintos formatos y canales.
Los desafíos actuales no son menores. La baja percepción del riesgo, el descrédito que están sufriendo las instituciones científicas, la circulación masiva de información falsa y la politización de la salud pública han erosionado la confianza en las vacunas. A esto se suman problemas estructurales que debilitan la logística sanitaria. Pero frente a este escenario, no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Todos tenemos acciones que hacer. El personal de salud tiene un rol central: su recomendación sigue siendo el principal factor que incide en la decisión de vacunarse.
Pero el compromiso no puede recaer solo en ellos. El Estado nacional debe garantizar presupuesto, compras oportunas, distribución ágil y campañas de comunicación efectivas.
Las instituciones educativas y los medios de comunicación pueden ayudar a difundir información basada en evidencia. Y cada uno de nosotros, como ciudadanos, puede y debe vacunarse, completar los esquemas, consultar al médico si tiene dudas, y hablar con familiares y amigos sobre la importancia de vacunarse.
Vacunarse protege a quien recibe la vacuna, pero también a quienes no pueden hacerlo por razones médicas dependiendo del tipo de vacuna: bebés demasiado pequeños, personas inmunosuprimidas, pacientes oncológicos. Esa es la esencia de la inmunidad colectiva: un acto personal con impacto social directo. La vacunación es una herramienta niveladora: no distingue clases sociales, religiones ni nacionalidades, y permite avanzar hacia una salud más equitativa.
La vacunación es, en última instancia, un acto de responsabilidad individual con impacto colectivo. Defender la evidencia científica, vacunarse y promover el acceso equitativo a las vacunas es ejercer, simultáneamente, un derecho y un deber ciudadano. Trabajemos toda la semana de vacunación y también todo el año para no perder derechos manteniendo las obligaciones.
